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Opinion

Sin rubor

El proceso de democratización del país sufre bajas continuamente. Por ejemplo, se avanza en un momento dado en la reforma electoral lo que permite la participación de la izquierda antes condenada a la clandestinidad, y se crean instituciones “autónomas” responsables de tareas fundamentales como la organización y vigilancia de las elecciones, la transparencia, el control y revisión de las acciones de la administración pública, y la defensa de los derechos humanos..

Sin embargo, sobre todo al arribo del salinismo y el panismo, estas instituciones producto de la lucha democrática se han ido pervirtiendo, de manera que se han convertido en herramientas de negociación de cuotas de poder entre los partidos políticos y los gobiernos en turno.

Los llamados organismos autónomos, como el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy son espacios deslegitimados en parte por su actuación, pero también por los procesos de elección de sus miembros, hechos sin transparencia, sin consulta, sin argumentos.

Ahí está el caso de las dos comisionadas nombradas por Calderón que se integraron recientemente al IFAI, Arzt Colunga y Perez Jaén-Zermeño. Sin atender las múltiples denuncias sobre sus obscuras trayectorias, su falta de oficio y de perfil, fueron designadas sin mayor intervención del Senado. Cuando éste debería haber abierto la discusión, solicitando al menos al Ejecutivo la argumentación respecto a su propuesta, simplemente, sin rubor, se “planchó” en el pleno su aprobación.

En este mismo sentido, el nombramiento hace unos días de Raúl Plasencia al frente de la CNDH, producto del acuerdo PRIAN en el Senado, lo único que asegura es el continuismo del no ver, no oír ni actuar.

Estos son pasos hacia atrás. Las instituciones pervertidas y deslegitimadas. Urge un cambio profundo que pase por una Reforma del Estado que recupere el carácter originario, la naturaleza democrática y soberana de los poderes de la Uniòn y de las instituciones públicas. Solo la organización de la sociedad, desde abajo, a partir de sus raíces, podrá dar viabilidad a un país para todos.


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