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Repensar el modelo
México ocupa el último lugar de los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en graduados de posgrados (0.1 por ciento en doctorado). Y apenas 18 por ciento de la población entre 25 y 34 años ha concluido la educación superior (el promedio en la OCDE es 32 por ciento). El dato tira por la borda cualquier argumento en favor de la educación privada. ¿Por qué? Porque las últimas cuatro administraciones han ahorcado presupuestariamente la educación pública y como alternativa han proliferado las escuelas privadas. Durante la década de los 90, la matrícula de licenciatura en instituciones privadas creció 77%, mientras que en las universidades públicas aumentó 25.8% (una tasa anual menor a 3%); en posgrado, la matrícula de las universidades privadas aumentó 359%, cuatro veces más que en las públicas. Entre 2000 y 2007 la SEP registró 907 nuevas instituciones de enseñanza superior privadas, lo que significó un ritmo de crecimiento de 129 planteles por año. Pero muchas de ellas ni siquiera lograron completar un ciclo escolar. En julio de 2003, La Revista del Consumidor que edita la Profeco alertó sobre la proliferación de las escuelas patito, pues, de acuerdo con la dependencia, sólo 74 instituciones -de más de mil existentes-, podían acreditar su calidad académica. La OCDE reduce a 14 las instituciones particulares que han validado su calidad. En el Análisis Temático de la Educación Terciaria. México, el organismo internacional muestra además otras contradicciones generadas por esta política de educación superior: De mil 892 instituciones, 713 son públicas y mil 179 son privadas, lo que significa que las instituciones particulares representan dos terceras partes del sistema de educación superior; sin embargo, mientras las entidades públicas atienden a un millón 707 mil 434 estudiantes, las privadas asisten a 830 mil 862 jóvenes, apenas un tercio de los alumnos matriculados. Si se considera que 80 por ciento de la investigación científica del país es generada en 4 universidades federales y 46 universidades públicas estatales, la apuesta por las escuelas privadas resulta todavía más inexplicable. Las cifras obligan a repensar la política de educación superior.
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